Fuente: nexos.com.mx

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia deberá resolver a partir de este miércoles un largo litigio de siete años entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres en torno a un artículo publicado en esta última por Fernando García Ramírez, en marzo de 2004, donde acusa al diario dirigido por Carmen Lira de ser “cómplice del terror” de ETA, el grupo separatista vasco, y cuestionó un acuerdo de colaboración firmado entonces por La Jornada y el periódico Gara “periódico del brazo político de ETA”.

La Jornada se inconformó con estos juicios. Desde entonces pidió que el autor del artículo se retractara o aportara las pruebas de sus afirmaciones. Al no ocurrir ni lo uno ni lo otro, La Jornada demandó por daño moral a Letras Libres.

En este periodo, ha habido cuatro resoluciones judiciales: dos favorables al periódico dirigido por Carmen Lira y dos a favor de la revista encabezada por Enrique Krauze. La última sentencia fue la del 7 de abril de 2010, de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que le dio la razón al argumento de Letras Libres que defendió el artículo al amparo de la libertad de expresión.

Los abogados de La Jornada promovieron que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia atrajera desde noviembre del año pasado el juicio que tiene una extraordinaria importancia por las siguientes razones:

1.-Lo que decidan los ministros establecerá los límites entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al honor y a la buena reputación de un medio de información que se siente difamado por otro.

Hasta ahora, el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afecta a La Jornada porque propone que la prensa y los líderes de opinión tienen acotado su derecho al honor, como ocurre con los personajes públicos. Así lo afirma en la versión que se conoce de su ponencia:

“Si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de protección para criticar a personajes con proyección pública, es no sólo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad y el más amplio grado de protección.

“De lo contrario, se estaría dotando a una persona, en este caso a un medio de comunicación impreso, de un gran y desequilibrado poder para criticar impunemente, opinando e informando sin ser sujeto del mismo escrutinio público que pregona, ejerce y cuya protección invoca”.

Esta posición ha sido criticada por diversos colaboradores de La Jornada. Este miércoles se publica un desplegado en la página 3 dirigido a los ministros de la Primera Sala. En su parte medular, este desplegado firmado por todos los trabajadores del periódico afirma:

“Les manifestamos, por último, nuestra opinión de que incriminar a un medio, calificándolo como ‘cómplice del terror’, es exponer gravemente al acusado, a sus directivos, a quienes trabajan en él, y a sus colaboradores de ser víctimas de injustas represalias y violaciones graves a sus garantías fundamentales, esas sí amparadas nacional e internacionalmente. Para nosotros, además, no es lo mismo ejercer el derecho responsable a la crítica que difamar a terceros, personas o medios. Más aún cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se pretende hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio de la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado”.

2.-La singularidad del caso es que se trata de dos medios de información y comunicación que llegaron a los tribunales para dirimir esta diferencia. Ambos están en su justo derecho de reclamar condiciones de libertad de expresión para ejercer su trabajo, pero también es claro que uno se siente agraviado (La Jornada) por un texto publicado en Letras Libres.

Tradicionalmente, las demandas por daño moral han sido entre un funcionario o servidor público y los medios de comunicación y sus trabajadores. Aquí se trata de dos personas morales, sin función pública alguna, que requieren de la libertad de expresión para ejercer su oficio, pero también de criterios claros de hasta dónde se puede llegar a incriminar a alguien o algún otro medio.

3.- Lo que está en juego jurídicamente no son los intereses de una u otra publicación sino el derecho a la información de los lectores de ambos y los alcances de la libertad de expresión en el ejercicio periodístico no sólo para La Jornada y Letras Libres sino para todos los que ejercemos el periodismo.

¿Logrará la Suprema Corte dar un criterio lo suficientemente claro para no abrir las compuertas a un diferendo donde lo más afectado pueda ser el derecho a la información veraz, oportuna y ponderada que merecen los lectores?

Este es el elemento más preocupante si lo vemos desde el punto de vista de los lectores y ciudadanos quienes deben ser, finalmente, los principales beneficiarios de la libertad de expresión y de los límites a la calumnia y la difamación.

4.-Por último, el tema de fondo (la presunta “protección” o “complicidad” de La Jornada con el grupo ETA) es una falacia. El desafortunado artículo de Fernando García Ramírez expresa un punto de vista muy respetable, pero no aporta elementos sólidos para expresar un juicio a rajatabla que llevaría a una conclusión todavía más peligrosa: condenar a todo un medio de comunicación de ser instrumento del terrorismo.

En su reciente texto publicado en el online de Letras Libres, García Ramírez afirma que fueron tres elementos de juicio los que lo llevaron a esta conclusión: la lectura de Fernando Savater, filósofo de renombre mundial que criticó la cobertura de La Jornada en torno al conflicto vasco; la carta del juez Baltasar Garzón al periódico acusándolo de tener una “información tendenciosa”; y el hecho de que “el coordinador general de La Jornada tuviera en España dos procesos abiertos por terrorismo. “Me parecieron suficientes para suponer la complicidad de La Jornada con ETA”, afirma García Ramírez.

¿Por qué, en uso del elemental derecho de réplica, no permitió la misma publicación de Letras Libres aportar los otros elementos de juicio contrarios a lo que afirmó García Ramírez? Los presuntos procesos abiertos por terrorismo a uno de los directivos de La Jornada (no a todo el periódico y menos a sus trabajadores) prescribieron desde hace años en la misma Audiencia Nacional española.

Generalizar el apoyo al terror para documentar nuestro desacuerdo con la línea editorial de un medio implica un riesgo mayor en una época donde el término “terrorismo” se utiliza con excesiva frecuencia para emprender cacerías de brujas en contra de la libertad de expresión.

¿No fue acaso lo que sucedió con la persecución de los ciudadanos twitteros de Veracruz? La presunción de que por difundir información que resultó falsa son “promotores de un delito equiparado al terrorismo” condujo a su detención irregular y violenta de dos ciudadanos por parte del ministerio público veracruzano. Sólo la airada protesta nacional e internacional en redes sociales forzó a la administración veracruzana a liberarlos.

Es muy legítimo que en el ejercicio de la libertad de expresión podamos cuestionar, ironizar, polemizar y criticar la posición editorial de un medio o de algunos colaboradores del mismo. Forma parte de la deliberación pública.

Lo que es cuestionable es acusar o criminalizar a todo un medio que no concuerda con nuestras creencias o posiciones editoriales de ser “cómplices del terror”. Y más cuestionable que no se permita el elemental derecho de réplica, fundamental dentro del acceso a la información.