La parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, una de las tres investigadas. Foto: AP

El pasado viernes 11 de noviembre fue un día un tanto caótico para las redes sociales. Mientras en nuestro país, un par de tuiteros eran investigados por “anticipar” la muerte del Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en Estados Unidos un juez federal publicó una orden judicial que obliga a la compañía de microblogging a entregar información de las cuentas de tres socios relacionados con Wikileaks.

El juez Liam O’Grady solicitó la información de la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, el colaborador de Wikileaks Rop Gonggrijp y el investigador estadounidense Jacob Appelbaum tras la fuga de una serie de cables a través de Wikileaks. El trío, cuyas cuentas serán ahora expuestas al juzgado (eso incluye los Mensajes Directos, la parte privada de Twitter), considera estas acciones una “invasión a la privacidad” y un peligro contra la libertad de expresión.

Sin embargo, las intenciones del gobierno estadounidense van más allá del mero conocimiento de la vida privada de Jonsdottir, Gonggrijp y Appelbaum. La idea, es que a través de esta especie de cateo virtual, pueda trazarse una línea del camino que han seguido los cables. Esta línea será trazada a través de las direcciones IP de los investigados.

Los investigados interpusieron una apelación que fue rechazada por el juzgado. Si bien, es sabido que gobiernos como el de China mantienen una estricta censura en el Internet, acciones como éstas son los primeros indicios claros de intentos por controlar la red tanto en Estados Unidos como México.

¿Cuál es el futuro de las redes sociales en el mundo? Sólo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que a mayor apertura siempre habrá un mayor intento de control.