Texto originalmente aparecido en la edición 1829 del semanario Proceso.

Elementos del CUSAEM. Fuente: asisucede.com.mx

Considerados como una “mina de oro” por sus ingresos que superan los 2 mil millones de pesos anuales, sin fiscalización alguna, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) operan también como una “caja chica” de los políticos de esta entidad, en particular, del ex gobernador y precandidato presidencial priista Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno se expandieron los servicios privados de escolta y traslado de valores de este organismo.

Tan sólo durante la administración de Peña Nieto CUSAEM llegó a tener oficialmente 14 mil 162 elementos –de acuerdo con oficios del Instituto del Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM)-, aunque en su página web menciona “una cifra superior a los 17 mil elementos” y fuentes estatales consideran que supera los 35 mil elementos, cifra superior a los 16 mil elementos que conforman la Agencia de Seguridad Estatal, ahora denominada Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el gobierno de Eruviel Avila.

La CUSAEM es “una especie de ornitorrinco”, advierte Carlos Madrazo Limón, diputado local panista que ha insistido en investigar las irregularidades de estos cuerpos policiacos. “Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales es una policía pública, y cuando les conviene pero también ofrece servicios de policía privada y sus ingresos no son fiscalizados por nadie”, sintetiza en entrevista con Proceso.

La “corporación”, como se le denomina en los contratos con dependencias federales cuyas copias obtuvo Proceso,  puede cobrar desde 3 millones 300 mil pesos anuales por servicios de vigilancia de 12 elementos, como en su contrato con Liconsa, y hasta más de 100 millones anuales para custodiar los bienes decomisados por el gobierno federal al narcotráfico, como en el caso del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda. Los grandes contratos se dan por adjudicación directa, sin necesidad de licitarse.

Distintos estudios e información interna de CUSAEM calculan que tiene más de 3 mil clientes a los cuales brinda servicios de guardias intramuros, custodia de mercancías de movimiento, custodia personal para empresarios, detección de armas, narcóticos, guardia, protección y ataque, entre otras, incluyendo asistencia multilingüe.

El hecho de contar con armamento de punta, un parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje, así como una cobertura en el Valle de México, incluyendo al Distrito Federal, y a varias entidades de la República Mexicana, convierte a CUSAEM en una especie de “mini-ejército”, controlado por un grupo de 110 comandantes que son los administradores de esta especie de franquicia de servicios de seguridad.

 “Estamos hablando de un organismo tan irregular que puede ser considerado delincuencia organizada”, advierte Limón Rojas, presidente de la Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización del Estado de México, que interpuso desde noviembre de 2010 una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables de las distintas irregularidades en la operación de CUSAEM.

 No son pocos los casos registrados en la prensa donde elementos o armamento de la CUSAEM se ha visto involucrado en casos del crimen organizado. En junio de 2009 se detuvieron a sicarios de los Zetas en Jalisco y Querétaro, 9 de los cuales portaban armas propiedad del CUSAEM y credenciales firmadas por su ex director, Ciro Mendoza Becerril. El editor Naim Libien Kaui, acusó a la CUSAEM de ser “centro de reclutamiento” de sicarios de los Zetas, en la emisión de unomasunoradio, el 9 de junio de 2009.

En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a José Jorge Balderas, mejor conocido como el J.J, detenido como presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas, pertenecían a la CUSAEM y comparecieron ante la fiscalía especial en Alvaro Obregón de la procuraduría capitalina. También comparecieron Marco Rutilio Vargas, José Angel Cabello y Rey Antonio López Vázquez, director jurídico, coordinador operativo y apoderado legal de la CUSAEM, respectivamente. También rindió su declaración José Roberto Mancio Bonilla, jefe del agrupamiento 41 de CUSAEM, quien tramitó en septiembre de 2008 un contrato de servicio de escolta con Maximiliano Peralta Sáenz, una de las siete identidades del J.J-

Recientemente, el escándalo detonado por el video de las llamadas Ladies de Polanco documentó que una de estas mujeres que agredieron a elementos policiacos del Distrito Federal, Azalia Ojeda, ex concursante del concurso Big Brother, trabajó durante 62 días para la CUSAEM, en el cuerpo denominado Grupo Atenea. Es un grupo especializado en custodia personal integrado sólo por mujeres, con el objetivo de escoltar a otras mujeres y niños.

Reforma legal a medias

Frente a los numerosos casos de escándalos que involucran a la CUSAEM y a las denuncias y críticas presentadas por legisladores locales y federales de la oposición, el 10 de octubre pasado el nuevo titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) –ahora denominada Secretaría de Seguridad Ciudadadana-, Salvador Neme Sastré, afirmó que consideran la regulación de estos cuerpos, pero no dijo nada sobre fiscalizar los millonarios ingresos que ha obtenido a lo largo de su historia.

Días después de esta declaración, el 12 de octubre, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Seguridad estatal. En ella se contempla, en el artículo 103 la posibilidad de que el estado brinde “servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas y a particulares, por conducto de los organismos que se creen con base en las normas legales aplicables en su carácter de auxiliares de la función pública”.

Un artículo transitorio establece que el Ejecutivo estatal deberá “expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares como la CUSAEM. Este artículo transitorio fue a propuesta de los diputados panistas Carlos Madrazo y Gustavo Parra Noriega, así como del priista Carlos Iriarte Mercado. En la discusión, José Manzur, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que “no sé por qué satanizan tanto el trabajo del CUSAEM de 20 mil o 22 mil policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas y que están trabajando bien”.

Lo que autoridades estatales y federales rechazan con energía es tener alguna responsabilidad en la falta de auditorías claras a los fondos de la CUSAEM o al manejo irregular de sus permisos de portación de armas, así como las constantes acusaciones de estar involucrados en delitos del narcotráfico.

A raíz del caso del J.J., en la prensa mexiquense se informó que el entonces director de la CUSAEM, Ciro Mendoza Becerril, protegido de Enrique Peña nieto, sabía de las operaciones de narcomenudeo que efectuaba José Jorge Balderas, en centros nocturnos de Atizapan, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Tecamachalco.

Mendoza Becerril fue relevado como director de la CUSAEM, el 20 de marzo de 2010, y en su lugar quedó  Orlando Seguel, un funcionario origen chileno, quien se había desempeñado como jefe de la Ayudantía del propio Enrique Peña Nieto. El director operativo de la corporación, José Angel Cabello, fue sustituido por Arturo Centeno Cano, quien fue jefe de escoltas de Peña Nieto. Los relevos se realizaron en una ceremonia privada, sin prensa, en las instalaciones de la CUSAEM en Tlanepantla, encabezada por el entonces comisionado de la ASE, David Garay Maldonado.

Negocio Discrecional de los Políticos

Como el J.J, la CUSAEM tiene distintas identidades y razones sociales. Su primer registro fiscal data de 1948, año en el que se creó la Jefatura de Policía Independiente del Estado de México y/o Cuerpo de Guardas de Seguridad Bancaria y Comercial. El gobernador en ese entonces era Alfredo del Mazo Vélez, padre de Alfredo del Mazo González y tío abuelo de Enrique Peña Nieto. Los tres gobernadores y representantes de las dinastías políticas surgidas en Atlacomulco.

El otro registro registro fiscal data de 1985, año en el que gobernaba Del Mazo González. Según el RFC CGS8512298A8  corresponde al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca. Según el registro ante el SAT su actividad preponderante son “servicios administrativos municipales”.

Y un tercer registro con el RFC CVA880629LF9 corresponde al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. Tampoco especifica que cobre por servicios de seguridad privada. Sólo menciona como actividad preponderante los “servicios administrativos municipales”.

Esta última denominación, según el registro de derechohabientes del ISSEMYM, tiene 8,285 integrantes, de acuerdo con el oficio del 14 de junio de 2010, enviado por María Elena Vázquez Villagrán, al diputado Madrazo Limón. Esta misma funcionaria informa que existen 2,996 policías derechohabientes que pertenecen al Cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle de Toluca. Y 2,881 que están adscritos al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.

Así como no es clara su denominación fiscal ni su adscripción al sistema de seguridad social estatal, tampoco es preciso el número exacto de su plantilla laboral. En su página oficial www.cusaem.org.mx menciona que cuenta con 17 mil elementos, pero otras fuentes señalan que asciende a 35 mil integrantes. Cualquiera de las tres cifras (14,162,  17 mil o más de 35 mil), convierten a la CUSAEM en el cuerpo privado de seguridad más grande del país.

Su expansión más importante se produjo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se planteó incorporar a los elementos de la CUSAEM en nuevos servicios. En agosto de ese mismo año se creó el grupo de élite femenil Atenea, encargado de brindar servicios de escolta y protección a empresarios, negocios y esposas de la entidad y del Valle de México, con un costo de 27, 600 pesos mensuales por escolta femenina.

En el mismo mes comenzaron a incursionar en el traslado de valores. Se dotó a la corporación de camionetas y tecnología para el rastreo satelital. En la primera etapa se contó con 10 camionetas blindadas para ofrecer el traslado de dinero de empresarios que lo soliciten. “Contamos también con rastreo satelital”, presumió el entonces director de CUSAEM, Ciro Mendoza.

En 2009 se creó el sistema Travel Security Services, que incorporó todos los nuevos servicios de la CUSAEM. Se incluyó una agencia de guardaespaldas para empresarios o artistas que visiten el Estado de México, con costos que oscilaban entre los 250 y los 400 dólares diarios. En todos los casos se trata de escoltas equipados con armas largas, equipos de radiocomunicación y vehículos blindados. Se presumió que tenían 60 elementos con capacitación para este tipo de bodyguards, con asistentes con dominio del inglés, francés, italiano y español.

La prensa local mencionó como los beneficiarios de este esquema de la CUSAEM al entonces secretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, al ex procurador y actual diputado federal Alfonso Navarrete Prida, y al ex secretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales. Los tres eran integrantes del Consejo de Administración.

Algunas versiones extraoficiales señalan que de los más de 2 mil millones de pesos de ingresos obtenidos anualmente, el 30 por ciento es destinado al pago de nómina y otro 70 por ciento era entregado directamente por Miranda Nava a los gastos operativos de la precampaña de Enrique Peña Nieto.

Ninguna de estas cifras se pueden confirmar porque las autoridades estatales, del gobierno de Peña Nieto y del actual de Eruviel Avila, han sido insistentes en considerar que la CUSAEM no forma parte de la administración pública y, por tanto, no son auditables ni sus ingresos, ni los recursos con que opera son contemplados en el presupuesto de egresos, a pesar de la obvia contradicción de que el ISSEMYM tiene un registro de 14, 162 elementos que cotizan como si fueran trabajadores públicos.

El auditor superior Fernando Valente Baz Ferreira, cercano también a Peña Nieto, respondió a varias solicitudes de información enviadas por el diputado Carlos Madrazo entre febrero y julio de 2010 que las corporaciones que conforman la CUSAEM “no son instituciones que formen parte de la administración pública estatal”. El 14 de julio de 2010, Baz Ferreira le “sugirió atentamente” al coordinador estatal de la bancada del PAN que la información sobre la cuenta pública y CUSAEM se la dirija al secretario de Finanzas estatal.

La Portación de Armas

El otro problema vinculado a la falta de control de los integrantes de la CUSAEM es la portación de armas de calibre mayor, como si fueran policía pública. El artículo 129 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece en apartado B, que para el uso de armas en las instituciones policiacas, el conducto será la Secretaría de Gobernación para solicitarle a la Secretaría de la Defensa la expedición de la licencia colectiva a las instituciones policiacas, “mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respetivas”.

La portación de armas de CUSAEM violaría este precepto legal, ya que no se trata de un organismo de la administración pública, advierte el diputado Carlos Madrazo. Sin embargo, en la respuesta a un oficio que le envió al secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, solicitándole información sobre las licencias oficiales para la portación de armas de fuego, la dependencia consideró que “no tiene responsabilidad ni competencia” para vigilar este caso y le recomendó que se dirigiera a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

La Secretaría de Seguridad Pública respondió a una solicitud similar advirtiendo que CUSAEM “no está constituida como empresa de seguridad privada, sino forman parte de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE), que ofertan y brindan servicios de seguridad a particulares a cambio de una remuneración económica, por tanto, no se encuentran reguladas por la Ley Federal de Seguridad Privada y, en consecuencia, no es del ámbito de competencia de la SSP”.

En otras palabras, ni la Sedena ni la SSP se consideran ni competentes ni responsables para regular el uso de armas de los elementos de la CUSAEM. Estos cuerpos utilizan la licencia de uso colectivo de armas de fuego expedida a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), con los números 112 y 139.

El oficio de respuesta con folio 25388, firmado por el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, Edgar Luis Villegas Meléndez, advierte que la Procuraduría y la ASE no pueden utilizar sus licencias para servicios privados.

“De conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se prohíben a dichas instituciones policiales proporcionar algún servicio de seguridad privada y que el personal operativo de éste porte armamento de la licencia fuera de los actos de servicio”, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.

Sin embargo, la copia de una credencial de un integrante de la CUSAEM, firmada por el ex director Ciro Mendoza Becerril, ampara el uso de arma de fuego bajo la licencia oficial colectiva 139, “concedida por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante oficio N.S.L/6614 de fecha 19 de septiembre de 2007”.

Los Clientes a Nivel Federal

A pesar de las numerosas irregularidades, los servicios de CUSAEM son contratados por las propias secretarías del gobierno federal, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social, varias delegaciones de la Secretaría de Gobernación e, incluso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), responsable de la custodia de los bienes inmuebles, vehículos y mercancías decomisados, entre otros, al propio crimen organizado.

Otra dependencia que firmó un contrato por adjudicación directa con CUSAEM es Liconsa. El contrato con el número de registro PSG/65/2010, con fecha del 22 de enero de 2010 establece un pago de derechos por 3 millones 295, 950 pesos mensuales, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 para los siguientes servicios:

“A) Vigilar las entras y salidas del personal de al empresa dentro y fuera del horario normal de laborales;

B) Registrar las entradas y salidas de los visitantes.

C) Control y registro de entradas y salidas de los vehículos, así como la revisión a los mismos, para verificar que no sustraigan objetos o valores propiedad de la empresa, o la introducción de objetos riesgosos.

D) Controlar las salidas de cajas, materiales o herramientas.

E) Proveer los elementos necesarios (vigilancia especial) los días calendarios de pagos.

F) Revisar las bolsas y portafolios a la entrada y salida del edificio.

G) Apagar los controles de iluminación por piso, una vez que se haya retirado el personal y visitantes de las instalaciones donde se presta el servicio”.

El manejo y portación de armas de fuego se establece en el contrato como equipo “AA”. En la cláusula décima se establece que los elementos de CUSAEM se obligan “a hacer buen uso del Equipo ‘AA’, así como a mantenerlo en perfecto estado de conservación y funcionamiento, siendo por su cuenta y riesgo el costo de los proyectiles requeridos, dándole el mantenimiento correspondiente a su costa”.

“La Corporación (CUSAEM) y su personal serán los únicos responsables del uso indebido que se le dé al equipo ‘AA’ y responderá civil y penalmente, por los daños o delitos cometidos a terceros, liberando a Liconsa de cualquier reclamación o denuncia en su contra o en contra de su personal o visitantes, en tales supuestos, de igual manera le resarcirá de los gastos que erogue o eroguen los antes citados por tales conceptos.

“La Corporación deberá asignar el equipo ‘AA’ únicamente a elementos que se encuentren adiestrados en su manejo, y previo estudio psicológico que determine su personalidad y no-peligrosidad, debiendo manifestar por escrito a Liconsa que el personal asignado para la prestación de los servicios del presente contrato se encuentran aptos física y psicológicamente para el desarrollo de los mismos”.