Primera parte del reportaje publicado en la edición No. 1827 de la revista Proceso

En paralelo con el incremento de la violencia derivada del enfrentamiento entre cárteles de la droga y entre grupos militares, paramilitares y policiacos, los usuarios y activistas de las redes sociales han irrumpido en México como generadores de contrainformación, convocantes a movimientos de Indignados en Ciudad Juárez o en el Distrito Federal y con capacidad para desafiar al cártel de los Zetas, como lo hizo esta semana el grupo internacional conocido como Anonymous.

La Operación Cártel, anunciada por Anonymous a través de un video en Youtube desde el 6 de octubre, constituyó la primera de estas acciones anunciada por esta organización de espíritu anarquista, sin líder ni dirección visibles, que utiliza como símbolo una máscara de Guy Fawkes, un líder católico inglés envuelto en una conspiración para atacar el parlamento británico el 5 de noviembre de 1605.

“Estamos cansados del grupo delictivo de los Zetas que se han dedicado a secuestrar, robar, extorsionar”, afirmó un portavoz de Anonymous en el video de Youtube. Advirtió que si no liberaban a uno de sus integrantes secuestrado durante la Operación Paperstrom, realizada entre el 20 y 29 de agosto en Veracruz, ellos revelarían información que vincula a políticos, empresarios, policías y militares con esta organización que surgió como brazo armado del Cartel del Golfo.

El 31 de octubre dieron dos versiones contradictorias: primero avisaron que suspendían la operación ante los “altísimos riesgos” y horas después, en la tarde, reiteraron que Operación Cártel continuaría.

A través de su blog Anonymous Iberoamérica informaron que la Operación Cártel no era sólo contra los Zetas sino contra todos aquellos “que se dedican al narcotráfico y sus relaciones con los gobiernos, especialmente el gobierno de México y otras agencias antidrogas de la Unión Americana”.

“Ahora esto es internacional. Es global. Pueden intentar detener a los Anónimos en México, Centroamérica y tal vez en Estados Unidos, pero no pueden detener a Anonymous como una idea mundial, como un espíritu global al que no le pueden disparar, al que no pueden quemar en ácido”, reiteraron en un comunicado del 1 de noviembre.

Tres días después, la noche del jueves 4 de noviembre, horas antes de que iniciara la operación, Anonymous informó a través de sus cuentas en redes sociales que su compañero había sido liberado y que suspendían “por el momento” el plan de divulgar información secreta sobre los vínculos de los Zetas.

Su compañero liberado “nos ha hecho llegar un mensaje: si Anonymous revela algún nombre relacionado con el cártel, la familia del anónimo retenido sufrirá las consecuencias; por cada nombre del cártel revelado, diez personas serán ajusticiadas”.

El desafío de Anonymous, el mismo grupo que promovió la Operación Independencia, el pasado 15 de septiembre, para saturar páginas web de secretarías de Estado federales, prendió los focos rojos a nivel internacional, mientras la prensa mexicana decidió minimizar e ignorar su aviso.

Las cadenas televisivas BBC, de Gran Bretaña, CNN, de Estados Unidos, el sitio on line www.stratfor.com, The New York Times, entre otros medios extranjeros, publicaron varias notas advirtiendo que Anonymous entraba de lleno en la guerra contra el narco en México. Coincidieron al señalar que el incremento de la violencia en Veracruz, Torreón y Monterrey le ha dado un nuevo giro al papel de las redes sociales.

“Hay que recordar que Anonymous no es una organización. No tiene jerarquía. Básicamente es un colectivo de personas que se autoidentifican”, advirtió Scout Stewart, vicepresidente de Inteligencia de la firma Stratfor, que publicó el 2 de noviembre un extenso reporte sobre la Operación Cártel.

Stewart advirtió que para algunos esta operación puede ser “una broma”, otros activistas sugieren que la campaña puede ser riesgosa, mientras algunos más insistieron en que debe continuar. “La naturaleza colectiva de Anonymous permite que cada activista elija en qué acciones quiere participar, incluyendo Operación Cartel”, precisó el especialista.

Para el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Operación Cártel de Anonymous constituye “un reto del poder virtual a otro poder fáctico como el narcotráfico”.

“No habíamos visto que la guerra contra el narco comenzara a derivar en una guerra en el ámbito virtual. Estamos en un mundo fascinante, donde a veces no puedes separar la realidad de la ficción. Lo que Anonymous quiere demostrar es su capacidad de poder, su capacidad de jugar con ese otro poder que es el narcotráfico”, abundó en entrevista con Proceso.

¿Obedece a alguna otra agenda internacional?

-No obedecen a ninguna agenda ni terrorista ni gubernamental. Lo único que quieren demostrar es que es posible violar cualquier código de seguridad. Ellos son hackers. Se han convertido en un grupo de sumo cuidado, a diferencia de Wikileaks, que se convirtió en otra cosa. Wikileaks no conseguía los documentos a través de hackers sino que los compraba o patrocinaba.

Lo más similar a la Operación Cártel fue lo que hicieron el 28 de octubre cuando intervinieron la página online del exprocurador de Tabasco, Gustavo Rosario Torres.

El sitio amaneció con una gran leyenda que dice: “Gustavo Rosario es Zeta”. En Youtube subieron un video, a las 7:19 de la mañana, reivindicando el ataque contra el sitio. Una voz masculina afirma: “Tal como lo dijeron, su ataque ha comenzado”.

En el portal de noticias www.sdpnoticias.com, la cuenta AnonHispano reiteró:

“Esto es sólo el principio. Tenemos información sensible. Pueblo de México, donde otros han fallado y se han quedado en medio del camino en el lodo de la corrupción, o desisten por miedo, Anonymous no les dejará solos. Sabemos los riesgos que es esto, pero no daremos marcha atrás. Somos Legión”.

Violencia contra usuarios de redes sociales

Antes de esta Operación Cártel, en los últimos meses se incrementó la ola de violencia contra los usuarios de redes sociales, en paralelo con la tendencia de los gobiernos estatales a criminalizar a quienes divulgan “rumores” o información no controlada por las autoridades.

“Las respuestas de las autoridades han sido cada vez más feroces. Lo sucedido en Veracruz y en Ciudad Juárez van en la misma línea. Si lo seguimos permitiendo nos acercamos a un momento dictatorial”, advierte Castellón Fonseca, quien impulsó el voto en contra del Senado del ACTA, el acuerdo antifalsificación promovido por Estados Unidos que implicaban restricciones al libre uso del internet.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de septiembre pasado fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura. En sus cuerpos, los Zetas dejaron un mensaje intimidante: los asesinaron por haber posteado información sobre este cártel a través de sus blogs especializados.

El 26 de septiembre fue decapitada la periodista Marisol Macías Castañeda, en presunta represalia por divulgar información delicada que vinculaba a cuerpos policiacos con el narcotráfico, a través de su blog y en Twitter con el sobrenombre de Laredo Girl. También los  Zetas se atribuyeron esta ejecución.

En Veracruz, el gobierno priista de Javier Duarte alcanzó notoriedad internacional no por sus logros contra el crimen organizado sino por haber encarcelado el 26 de agosto pasado a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo Carranza, conocida como Marichú, por haber subido mensajes a Twitter y Facebook, las dos redes sociales más utilizadas en México, sobre enfrentamientos armados y presuntos secuestros en escuelas públicas del puerto.

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, acusó a estos dos twitteros de divulgar rumores que “causaron histeria” y fueron encarcelados bajo el cargo de “promotores de terrorismo”. La ola represiva llegó a los congresos de Veracruz y Tabasco que aprobaron en septiembre reformas a los códigos penales para tipificar como delito punible los avisos falsos o rumores difundidos a través de las redes sociales.

La detención de Martínez Vera y Bravo Carranza generó una ola de protestas en Twitter, Facebook y en blogs. Duarte fue acusado de represor. La cadena televisiva británica BBC consideró que existe una “cruzada oficial contra twitteros en México” y vinculó esta represión con la reacción del gobierno federal frente al atentado al Casino Royale, en Monterrey, donde murieron 52 personas.

Marichú Bravo, al participar en un evento organizado en el Senado, relató cómo fue maltratada y golpeada por elementos policiacos antes de que la trasladaran al penal de Pacho Viejo, Veracruz. “Me obligaron a firmar un acta en la que me comprometía a no usar más nunca una red social”, relató.

También en Torreón, Coahuila los usuarios de las redes sociales han exhibido la corrupción, la incapacidad y la autocensura del gobierno, de las fuerzas del orden y hasta de una televisora nacional, como TV Azteca.

El sábado 20 de agosto, los nombres de Estadio Corona, el club de fútbol Santos y de Torreón dieron la vuelta al mundo a través de Twitter y Facebook por una balacera que provocó la abrupta interrupción de las transmisiones televisivas del partido entre el Santos y el Morelia.

Los 18 minutos de pánico que generó la balacera en torno al estadio sepultaron los spots gubernamentales en vísperas del V Informe de gobierno de Felipe Calderón. En Youtube, Google y Twitter circularon fotografías donde se veían impactos de bala al interior del estadio, en contra de la versión oficial que insistió en enfrentamientos afuera del estadio. Tan sólo en Google, la frase “balacera en Torreón” tuvo 207 mil ligas.

Otra muestra reciente del impacto de las redes sociales es el siguiente: diez minutos después de que 150 elementos policiacos reprimieran el 1 de noviembre una manifestación de Indignados en Ciudad Juárez, en Youtube circuló un video que se replicó en varias redes sociales documentando la brutalidad de los elementos comandados por el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, titular de la policía municipal juarense. Miles de mensajes exigiendo la liberación de los 29 jóvenes detenidos circularon en internet.

La bancada del PRD en el Senado promovió el 4 de noviembre un punto de acuerdo para exigirle al gobernador priista César Duarte y al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, la liberación de las 29 personas detenidas arbitrariamente. Le exigieron a las autoridades que garanticen la libertad de expresión, de manifestación y de protesta en el ejercicio de sus respectivas administraciones.

Antes de esta represión, en Ciudad Juárez se dio uno de los primeros intentos por bloquear a los sitios on line y a las redes sociales que contradecían las versiones oficiales sobre la guerra contra el narcotráfico.

El 14 de marzo de 2010 la empresa Cablemás, filial de Televisa y proveedora del servicio de internet en Ciudad Juárez, bloqueó decenas de portales periodísticos sin dar explicación alguna. Entre los medios afectados, estuvo la página de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, www.monitorpacj.com, los blogs periodísticos www.arrobajuarez.com, www.lapuertanoticias.com, www.lavozdejuárez.com, www.pulsopolítico.com, www.plataformafinanciera.com, entre otras muchas.

 (Continúa mañana)