La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda por inconstitucionalidad tras la reciente adición al del delito «perturbación del orden público» al artículo 373 del Código Civil del Estado de Veracruz.

El pasado 20 de septiembre se dio a conocer en la Gaceta Oficial del gobierno de la entidad este nuevo tipo de delito que castiga a toda persona que “’por cualquier medio afirme falsamente’ la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionado la perturbación del orden público».

A través de un comunicado de prensa publicado el día de hoy, el organismo expresó que había planteado esta demanda dado que consideraba las acciones del gobierno de Javier Duarte contrarias «a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión tuteladas» presentes tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales de los que México es parte.

La CNDH establece que la libertad de expresión es un derecho fundamental del ser humano y que se manifiesta de dos maneras: la expresión del pensamiento propio y el derecho a conocer otras opiniones, noticias, información o relatos expresados por otros.

Fue el caso de los tuiteros María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, encarcelados tras haber sido acusados de terrorismo por haber difundido en Internet la información de unos supuestos ataques a escuelas veracruzanas, el que originó la tipificación de la «perturbación del orden público» como un nuevo delito, promovido en periodo extraordinario por el gobernador de la entidad Javir Duarte.

Entre las críticas que la CNDH realiza a la modificación del artículo 272 del Código Civil veracruzano están la falta de precisión de la conducta castigada, ya que consideran que el «afirme falsamente» resulta demasiado genérico; de igual forma, consideran que tampoco queda clara la cuestión del medio por el que se difunda la información ya que el establecer que «cualquier medio» entre en esta jurisdicción es, de nuevo, demasiado genérico. Consideran también que el que el destinatario no tenga posibilidad de saber el motivo de tal prohibición es una situación «inadmisible e incompatible con un sistema o Estado de Derecho». En pocas palabras, la Ley Duarte «carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión».

A partir de la la promulgación de la Ley Duarte, gobernadores y congresos de distintos Estados, así como servidores públicos, expresaron su deseo por realizar algo similar.

La demanda interpuesta por la CNDH es el primer movimiento legal contra una ley que muchos consideran atenta contra la libertad de expresión. Ya a principios de septiembre de este año el senador  Francisco Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, había exigido al gobierno de Veracruz retirar los cargos contra Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola. Por esas mismas fechas se organizó en el Distrito Federal una Marcha por la libertad de expresión que tenía entre sus consignas la liberación de los tuiteros. En este mismo espacio se realizó una encuesta en torno al tema que arrojó como resultado que la mayoría de los lectores consideraban que los denominados «tuiterroristas» no debían haber sido «ni encarcelados ni juzgados».