María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera

La tarde del jueves 25 de agosto, Gilberto Martínez Vera subió mensajes a las redes sociales de Twitter y Facebook advirtiendo sobre presuntos enfrentamientos armados y secuestros en la escuela Primero de Mayo y en casas aledañas de Campero, así como en la escuela Jorge Arroyo de la colonia Carranza, de las ciudades de Veracruz y Boca del Río. María de Jesús Bravo Pagola retwitteó estos mensajes donde señalaban que hubo “disparos desde helicópteros”.

Indignado, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, desmintió estos enfrentamientos, consideró que la divulgación de estos rumores “causaron histeria” entre la población y acusó a Martínez Vera y a Bravo Pagola de realizar “terrorismo” a través de las redes sociales.

Mientras la policía veracruzana se encargaba de detener y perseguir a los twitteros “terroristas”, al día siguiente, el 26 de agosto, se registraron enfrentamientos entre sicarios en el cruce de las avenidas Salvador Díaz Mirón y Lázaro Cárdenas. Un hombre fue baleado en la avenida JB Lobos, frente al Monte de Piedad, en la Unidad Habitacional El Coyol y el noticiario de Telever reportó otro enfrentamiento en la Colonia Chivería.

Ninguno de estos eventos mereció tanto interés en las autoridades como la detención de Martínez Vera y Bravo Pagola, presos desde entonces en el penal de Pacho Viejo. El juzgado segundo de distrito los condenó el 31 de agosto a 30 años de prisión por terrorismo equiparado, de acuerdo a los artículos 311, 312 y 314 del Código Penal de Veracruz.

Lo ocurrido en Veracruz generó un “contagio” en el gobierno priista de Tabasco.  El 1 de septiembre, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 312 bis del Código Penal estatal para tipificar como un delito punible hasta por 6 años de cárcel los avisos falsos o los rumores difundidos a través de llamadas telefónicas o redes sociales.

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de 6 a 2 años y de 50 a 300 días de multa”, dice el nuevo artículo aprobado por unanimidad.

La reforma penal de Tabasco se inspiró no sólo en las sanciones de las autoridades veracruzanas sino en otra reforma previa, aprobada en Nayarit hace más de un año, para sancionar penalmente la difusión de rumores falsos. En esta entidad los periodistas locales protestaron acusando que se trataba de una “ley mordaza”. El gobernador Ney González ordenó que se “excluyera” a los periodistas, pero la reforma penal quedó tal cual.

Frente a esta ola de medidas para criminalizar a los usuarios de redes sociales, decenas de cuentas en Twitter y en Facebook han condenado a los gobiernos de Veracruz y Tabasco, al tiempo que el senador Francisco Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, exigió la pronta liberación de los ciudadanos veracruzanos detenidos.

“Es inaudito, exagerado y desproporcionada” la pena de 30 años de cárcel y genera un “claro precedente del autoritarismo más oscuro”, advirtió Castellón Fonseca, legislador perredista de Nayarit, quien ha condenado también los intentos de censura a las rede sociales en su entidad.

El caso de los “twitteros terroristas” ha generado un escándalo internacional. La cadena televisiva británica BBC consideró que existe una “cruzada oficial contra twitteros en México” y vinculó las medidas adoptadas en Veracruz y en Tabasco con el mensaje del presidente Felipe Calderón, a raíz del atentado al Casino Royale en Monterrey.

“En la misma fecha que las redes sociales causaron pánico en Veracruz, en Monterrey un grupo vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas incendió el Casino Royale, donde murieron 52 personas.

“El presidente Felipe Calderón dijo que el ataque fue cometido por ‘verdaderos terroristas’, lo cual según analistas es un cambio radical en el lenguaje oficial sobre la guerra contra y entre carteles”, anotó el despacho informativo de la BBC.

El 6 de septiembre el abogado de Martínez Vera y Bravo Pagola, Fidel Ordóñez Solana, interpuso un amparo en contra de la orden de formal prisión por considerar que se violó el derecho a la libertad de expresión de ambas personas.

En su recurso de amparo, Ordóñez Solana reclamó la violación “flagrante” de los artículos 7 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas. El artículo 7 establece que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mientras que el artículo 19 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, ya que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión.

Este derecho “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.

“El gran problema es la falta de control”

Entrevistado en la sede del Senado, el legislador Castellón Fonseca advirtió que la ola de medidas punitivas en contra de los usuarios de redes sociales refleja “la ignorancia y la falta de comprensión de los gobiernos autoritarios frente a fenómenos de comunicación que no controlan como las redes sociales”.

El senador del PRD indicó que si el gobierno de Coahuila hubiera aplicado la misma medida que el de Veracruz “la mitad de los asistentes al Estadio Corona de Saltillo estuvieran en la cárcel” por haber difundido las fotos de los impactos de bala al interior del estadio de futbol, la noche sábado 20 de agosto, días antes de la tragedia del Casino Royale de Monterrey.

Castellón Fonseca recordó que hace dos años ocurrió un caso similar en Nayarit. Marcos Trujillo alertó sobre la existencia de un convoy armado. Su mensaje en Twitter fue replicado y generó una ola de pánico.

A raíz de este caso, el gobierno de Ney González impulsó una reforma al Código Penal estatal para sancionar a quienes divulguen rumores falsos. El Congreso “la aprobó fast track” e, incluso, la policía llegó a confiscar algunas computadoras en busca de un email que circuló en varios correos electrónicos donde acusaban al gobernador de haber pactado con los Beltrán Leyva.

“La única forma de detener un rumor es con una fuente creíble, por parte de las autoridades de seguridad pública”, advierte Calderón Fonseca. “Asumo que el gobierno de Veracruz lo que quiere es dar un ‘castigo ejemplar’ y pretenden infundir el miedo en la población a partir de estos chivos expiatorios”, explicó el legislador perredista.

“El gran problema para estas autoridades es el cambio de lenguaje que significan las redes sociales y tienen una concepción muy conservadora frente a un fenómeno que no pueden controlar. No es a partir de la cárcel y de la represión como van a evitar que se divulgue información en Twitter o en Facebook”, sentenció.

Incluso, Castellón Fonseca recordó que fue a través de mensajes en Twitter como se supo del asesinato de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y también gracias a los mensajes en redes sociales en Tamaulipas muchas personas han tomado precauciones ante los continuos enfrentamientos entre bandas del narcotráfico.

“La gente está expresando su descontento en las redes sociales. Es una forma de manifestar su descontento y de crear vías alternas y más creíbles de información para la ciudadanía”, reflexionó.

Condenó que tanto los gobiernos de Tabasco, Veracruz y Nayarit hayan aprobado leyes anti-redes sociales y “han satanizado el uso de esta importante herramienta de comunicación. Les debe quedar claro que no se debe controlar lo que circula en la red ya que con esto se cortarían los ma´s elementales principios de libertad de expresión”.

La tentación de criminalizar a las redes sociales está presente en otras entidades del país como Colima, Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, donde se han aprobado reformas a los códigos penales para tipifica el delito de terrorismo.

En algunas de estas entidades se ha querido equiparar la divulgación de información en redes sociales con el delito de “promoción del terrorismo” que, en la mayoría de los casos es de a 30 años de prisión.