Fuente: dailytech.com

Han pasado tres semanas desde que la tarde del jueves 25 de agosto, el profesor Gilberto Martínez Vera subió 17 mensajes a las redes sociales de Twitter y Facebook advirtiendo sobre presuntos enfrentamientos armados y secuestros en la escuela Primero de Mayo y en casas aledañas, así como en la escuela Jorge Arroyo de la colonia Carranza, de las ciudades de Veracruz y Boca del Río.

María de Jesús Bravo Pagola, ex funcionaria del gobierno de Fidel Herrera como directora de la casa Agustín Lara, retwitteó estos mensajes donde señalaban que hubo “disparos desde helicópteros”.

La información resultó ser falsa, pero el gobierno de Javier Duarte decidió encarcelar dos días después a Martínez Vera y a Bravo Pagola en el penal de Pacho Viejo, en Jalapa, acusándolos primero de “terrorismo equiparado” a través de redes sociales, con una pena de 3 a 30 años de prisión, sin derecho a fianza.

Ante el escándalo y la presión internacional generada por la desproporción del delito, el 12 de septiembre el mandatario priista envió la semana pasada al Congreso una iniciativa para tipificar en el artículo 373 del Código Penal estatal un nuevo delito denominado “perturbación del orden social”, con una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 500 a mil días de salario “atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente”.

La “cruzada” del gobierno veracruzano contra estos ciudadanos y, en general, contra los usuarios de las redes sociales que no son controladas por la propia autoridad, constituye “un caso de autoritarismo y arrogancia extremos”, afirmó el senador Francisco Castellón Fonseca, quien ha denunciado y defendido a los twitteros.

“Veracruz está inaugurando un nuevo delito ante la incapacidad de las autoridades para acreditar lo del terrorismo. En realidad, el delito de ‘perturbación del orden social’ se parece mucho al de ‘disolución social’ que existía en 1968. En Veracruz, están resucitando a Gustavo Díaz Ordaz”, advirtió el senador Castellón Fonseca, del PRD, en entrevista con Proceso.

Castellón Fonseca subrayó que este nuevo delito tiene como objetivo evitar que las autoridades estatales priistas “hagan el ridículo”, ya que el 23 de septiembre próximo será la audiencia constitucional para resolver la solicitud de amparo que interpusieron Martínez Vera y Bravo Pagola.

Este domingo 18 de septiembre se prevé la visita del poeta Javier Sicilia al penal de Pacho Viejo para expresar su solidaridad hacia los twitteros. Fuentes del Congreso local de Veracruz prevén que el nuevo delito sea aprobado el 20 de septiembre y que las autoridades liberen a Martínez Vera y a Bravo Pagola el 22 de septiembre, un día antes de la audiencia constitucional.

Ante la falta de elementos para criminalizarlos, el gobierno de Veracruz a señalado a Bravo Pagola, conocida como Marichú, de formar parte de una “red de corrupción” de la administración anterior del también priista Fidel Herrera.

El 12 de septiembre pasado, las autoridades del penal de Pacho Viejo le negaron la entrada al senador Castellón Fonseca, quien fue a visitarlos para expresarles su solidaridad y el apoyo de “miles de cibernautas” que han expresado su indignación.

La reacción autoritaria del gobierno de Veracruz ha inspirado al mandatario de Tabasco, Andrés Granier, también del PRI, quien al enviar una iniciativa para criminalizar también a los usuarios de las redes de internet afirmó en tono admonitorio:

“Quien haga mal uso de internet para provocar alarma social, será sancionado de la manera más enérgica”.

“Como Orson Welles y La Guerra de los Mundos”

A las pocas horas de que se divulgaran los falsos rumores sobre enfrentamientos en Veracruz, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, desmintió estos enfrentamientos, y acusó a los twitteros de  “causar histeria” entre la población y de realizar “terrorismo” a través de las redes sociales.

En entrevistas a las estaciones locales de radio, Buganza llegó a comparar lo ocurrido en esos mensajes con la transmisión radiofónica de 1938 del director cinematográfico Orson Welles, sobre una presunta invasión extraterrestre en Estados Unidos, basándose en la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells.

“Ustedes deben recordar al famoso Orson Wells, cuando narró en la radio La Guerra de los Mundos y generó histeria colectiva”, afirmó Buganza.

El funcionario veracruzano no aclaró que Wells no fue detenido ni acusado de “terrorismo equiparado” por aquella transmisión en radio CBS. Al contrario, a sus 23 años de edad, lo convirtió en uno de los guionistas y directores más famosos de Estados Unidos.

Lo reacción de las autoridades de Veracruz contra los cibernautas generó un “contagio” en el gobierno priista de Tabasco.  El 1 de septiembre, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 312 bis del Código Penal estatal para tipificar como un delito punible hasta por 6 años de cárcel los avisos falsos o los rumores difundidos a través de llamadas telefónicas o redes sociales.

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de 6 a 2 años y de 50 a 300 días de multa”, dice el nuevo artículo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados local.

La reforma penal de Tabasco se inspiró no sólo en las sanciones de las autoridades veracruzanas sino en otra reforma previa, aprobada en Nayarit hace más de un año, para sancionar penalmente la difusión de rumores falsos. En esta entidad los periodistas locales protestaron acusando que se trataba de una “ley mordaza”. El gobernador Ney González ordenó que se “excluyera” a los periodistas, pero nunca se puso a consideración del pleno del Congreso esta modificación.

Frente a esta ola de medidas para criminalizar a los usuarios de redes sociales, decenas de cuentas en Twitter y en Facebook han condenado a los gobiernos de Veracruz y Tabasco, al tiempo que el senador Francisco Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, exigió la pronta liberación de los ciudadanos veracruzanos detenidos.

“Es inaudito, exagerado y desproporcionada” la pena de 30 años de cárcel y genera un “claro precedente del autoritarismo más oscuro”, advirtió Castellón Fonseca, legislador perredista de Nayarit.

La cadena televisiva británica BBC consideró que existe una “cruzada oficial contra twitteros en México” y vinculó las medidas adoptadas en Veracruz y en Tabasco con el mensaje del presidente Felipe Calderón, a raíz del atentado al Casino Royale en Monterrey.

“En la misma fecha que las redes sociales causaron pánico en Veracruz, en Monterrey un grupo vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas incendió el Casino Royale, donde murieron 52 personas.

“El presidente Felipe Calderón dijo que el ataque fue cometido por ‘verdaderos terroristas’, lo cual según analistas es un cambio radical en el lenguaje oficial sobre la guerra contra y entre carteles”, anotó el despacho informativo de la BBC.

El 6 de septiembre el abogado de Martínez Vera y Bravo Pagola, Fidel Ordóñez Solana, interpuso un amparo en contra de la orden de formal prisión por considerar que se violó el derecho a la libertad de expresión de ambas personas.

En su recurso de amparo, Ordóñez Solana reclamó la violación “flagrante” de los artículos 7 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas. El artículo 7 establece que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mientras que el artículo 19 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, ya que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión.

Este derecho “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.