Por considerar que existen violaciones a la ley en el proceso de negociación “opaco” y “en sigilo” del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), porque se viola el derecho a la privacidad al autorizar la entrega de datos personales a entidades distintas a la autoridad y porque restringen la libertad en el uso del internet, el Grupo Plural de senadores acordó exhortar al Ejecutivo federal a no suscribir este instrumento internacional, demandado por Estados Unidos.

En el documento de trabajo, elaborado por el Grupo Plural, se destacan los siguientes puntos:

“El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) pretende establecer mejores prácticas en la observación de los derechos de propiedad intelectual y proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y la falsificación en los países parte del acuerdo”, la mayoría integrantes de la OCDE.

Sin embargo, el ACTA afectaría el principio de neutralidad en internet. Este principio “se expresa básicamente en que todo lo que se transmite en la red se hace de la misma forma, sin discriminar ni distinguir el contenido, lo que supone aplicar a todos los datos el mismo tratamiento sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros”.

Para proteger los derechos de propiedad intelectual, incluidos los de autor y conexos, “se debe asumir que existe un proceso acelerado de reconversión del sector de los contenidos y su transmisión y que el régimen de protección debe ajustarse a este proceso”.

Existen artículos del ACTA que tienen inconsistencias con el marco legal mexicano. Por ejemplo, el artículo 27.4 prevé la creación de un procedimiento para que se solicite información a fin de identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume ha sido utilizada para realizar una infracción.

Este ordenamiento, explica el borrador de trabajo del Grupo Plural, “es contrario a la Constitución y a las leyes que se despenden de ella por las siguientes razones:

“a) La falta de precisión respecto a qué información y por cuánto tiempo debe tener disponible el proveedor de servicios de Internet para dar cumplimiento a esta medida.

“b) La entrega directa de datos personales a otra persona diferente a la autoridad competente, no es acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ni siquiera con aquellos artículos que permiten el tratamiento y transferencia de datos personales sin consentimiento del titular, dado que no media ninguna resolución como tal”.

También esta disposición contraviene lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual establece que la divulgación de datos personales únicamente de los “infractores”, mientras que ACTA requiere la divulgación de información tanto de infractores como de presuntos infractores.

Restricción a la Libertad de Internet

Para el Grupo Plural del Senado, encabezado por Francisco Javier Castellón Fonseca, Carlos Sotelo, y Federico Döring, “el ACTA implicaría para el Estado mexicano la posibilidad de establecer en la legislación nacional medidas que pueden resultar restrictivas a la libertad y al uso de internet”.

Esto provocaría la ampliación de la “brecha digital” y, en consecuencia, “retrasar la penetración de nuevas tecnologías en el país y con ello su inserción en la sociedad de la información y el conocimiento”.

Reiteran su preocupación en la disposición contenida en el numeral 27.4 del ACTA para que un proveedor de servicios pueda divulgar a un titular de derechos información suficiente para identificar a un suscriptor, ya que “resulta contraria a las garantías individuales y leyes”.

La implementación del ACTA puede derivar en “consecuencias negativas en el ámbito digital tales como obstaculizar el desarrollo y el uso del denominado software libre, imponer barreras al comercio electrónico y representar riesgos para la libertad de expresión”.

El vicecoordinador de la bancada del PRD, Carlos Sotelo, afirmó que con el ACTA “se pretende colocar a internet, este instrumento igualitario y democratizador, candados de acceso para que sólo se puedan abrir con dinero”.