Integrantes de la sociedad civil pidieron a senadores no firmar el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA), ya que puede bloquear el acceso a Internet,  limitar la libertad de expresión y vulnerar la privacidad de los usuarios.

Al respecto, el senador priista Eloy Cantú Segovia, quien encabeza el grupo plural de trabajo que da seguimiento al proceso de negociaciones del ACTA, recalcó que esta segunda reunión con representantes de la sociedad civil se acordó a propuesta del senador Federico Döring Casar, en febrero pasado.

Explicó que el objetivo es darles una nueva oportunidad de encuentro antes de que el grupo plural concluya sus audiencias públicas.

Además, para contar con sus reacciones a los argumentos emitidos en las reuniones anteriores donde se ha analizado el Proyecto de Acuerdo Comercial Antifalsificaciones.

Por su parte, el senador Federico Döring Casar anunció que la bancada del PAN tomó la decisión de no apoyar ACTA.

“Estamos en contra de ACTA porque está mal hecho y es inconstitucional”, subrayó.

Aseguró que en esta Legislatura “por lo menos de aquí a agosto de 2012 no puede pasar una ratificación ni una reforma constitucional en el Senado, si no tiene el voto de la bancada del PAN” ya que “estamos convencidos de que ACTA no es viable”.

Sin embargo, advirtió que los intereses que están detrás del tratado, no se van a extinguir con las elecciones del 2012.

“ACTA puede resucitar con el nuevo presidente o presidenta de la República y con los nuevos senadores y diputados”, agregó.

A su vez, la senadora Beatriz Zavala Peniche, del PAN, manifestó que el grupo de trabajo no ha concluido sus trabajos todavía, además de que persiste la intención de “preservar todos los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor y también los derechos de la difusión del conocimiento de la cultura”.

En este sentido, indicó que algunos de los puntos del convenio “nos parecen delicados”, debido a que  pueden vulnerar la Constitución y contradecir distintas leyes mexicanas.

En representación de la Sociedad de Internet de México AC, Luis Miguel Martínez Hernández manifestó que el ACTA protege la propiedad intelectual, lo cual es un beneficio, pero el proceso no fue adecuado por la falta de transparencia en su desarrollo.

Se dijo preocupado por la posibilidad de que una organización extrajudicial pueda bloquear o interferir en el acceso de las personas al Internet, así como el exceso de regulación concedido a través del acuerdo y sus implicaciones en otros ámbitos legales que limiten el desarrollo tecnológico, así como la libertad de expresión y privacidad con el acuerdo.

Por su parte, José Ángel Quintanilla, director general de Editorial EDERE, destacó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho como un principio de legalidad.

En este sentido, detalló que el daño al erario público en México por las descargas ilegales de material protegido en Internet alcanza más de 20 mil millones de pesos por concepto de IVA al año.

Agregó que ACTA no afecta la intimidad ni privacidad de los usuarios de internet, porque no intervendrán los particulares en las acciones que correspondan a las autoridades, señaladas en la legislación actual, ni dejará desprotegidos a estudiantes para el uso legítimo de los contenidos respaldados por la legislación mexicana.

En tanto, el presidente de la Asociación Al Consumidor, Daniel Gershensom Shapiro, refirió que el tratado parece más bien un traje a la medida de las empresas norteamericanas, ya que surgió de una inquietud que no sirve al interés público.

“Aprobar ACTA es un error de proporciones históricas, ya que limita la democratización del conocimiento, convierte a los proveedores en policías del pensamiento y en sus alcances está condenado al fracaso”, expresó.