Aprovechando la charla llevada a cabo el día de ayer en el Foro Mundial de Medios Públis en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, reproducimos el siguiente Texto publicado originalmente en el semanario Proceso y en el blog de Jenaro Villamil en mayo de 2010:

De manera subrepticia, en pleno puente vacacional de Semana Santa, la presidencia de la República publicó el 31 de marzo de 2010 un decreto para crear un “organismo descentralizado”, con patrimonio y presupuesto propios, llamado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales que prácticamente le expropia a la Secretaría de Educación Pública el control de los medios públicos existentes –Canal Once, Canal 22 y Radio Educación, principalmente- para asignarlos a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular presidirá la Junta de Gobierno del nuevo organismo.

El decretazo de Calderón pasó desapercibido, ya que el 8 de abril de este año, el PAN presentó simultáneamente en la Cámara de Diputados y en el Senado una iniciativa de “reforma integral” de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, impugnada por la cúpula de los concesionarios, encabezados por Televisa y TV Azteca, pero también por la bancada del PRI y por una parte del PRD.

Tras quince días de discusiones, debates mediáticos y jaloneos en la comisión dictaminadora, la fracción del PAN se dividió en el Senado el lunes 26 de abril y para el día siguiente, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo, anunció que ese partido se había “echado para atrás” y no había posibilidades de sacar el dictamen durante el presente periodo de sesiones.

Distintos testimonios recabados por Proceso, señalan que Gustavo Madero, coordinador del PAN en el Senado, observó que sólo se habían quedado con 17 de 51 votos de su bancada para aprobar la minuta. Las presiones provinieron de Los Pinos, directamente del presidente Calderón y del dirigente nacional del PAN, César Nava, para echar reversa al compromiso de aprobar este dictamen junto con el PRD.

Para Carlos Sotelo, senador perredista que impulsó otra iniciativa de reforma el mismo 8 de abril, advierte que todo este proceso fue “una maniobra” y “una cortina de humo para imponerle al país una televisión gubernamental”, a través del decreto del 31 de marzo.

Entrevistado por Proceso, Sotelo advierte que el dictamen del 8 de abril, presentado por él y una parte del PRI, “derogaba la facultad de Calderón de emitir un decreto de creación de un nuevo medio público”, ya que esta facultad se le dejaba a un órgano con mayor autonomía y no dependiente ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Secretaría de Gobernación.

“Nosotros planteamos un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía editorial. Eso echaba por tierra el plan de Calderón para tener una televisión gubernamental, a su servicio”, sentenció.

-¿Se trata de hacer una cadena de televisión pública a través del Canal Once o de armar otra cadena con frecuencias disponibles? –se le cuestionó.

-Hubo dos planes. El plan a, fue primero convertir el Canal Once, dirigido por Carlos Sariñana, como una cadena nacional. Otorgarle más frecuencias para tener una mayor cobertura. Y el plan b, que es el actual, es crear un canal público con el espectro disponible.

El Control Vertical

El texto del decreto del 31 de marzo de 2010, el tercero que emite Calderón durante su sexenio en materia de política de regulación de medios electrónicos, no dice explícitamente que el objetivo sea crear una tercera cadena al servicio gubernamental, pero deja las suficientes pistas.

En el artículo segundo se establece que el organismo “tendrá por objeto la generación, producción y distribución de contenidos audiovisuales, por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal”.

En el artículo tercero se enuncian siete objetivos del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales entre los cuales se señalan el hecho de “constituirse en una plataforma para la libre expresión” y otros de claro tinte propagandista como “informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales” y un séptimo objetivo que le deja a la nueva entidad el control total de la producción de Canal Once y Canal 22: “preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

El artículo cuatro enuncia cuatro funciones que remiten claramente a la producción de un canal de televisión:

“I.-Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, por sí mismos o a través de terceros;

“II.-Resguardar los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal con las que coadyuve.

“III.-Instalar y operar estaciones de radiodifusión, en términos de las disposiciones aplicables; y

“IV.-Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto”.

El control del organismo será absolutamente vertical. Tendrá una Junta de Gobierno, presidida por el secretario de Gobernación y participarán en ella representantes de la secretaría de Hacienda, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y Educación Pública. Los representantes deberán tener nivel de subsecretario o equivalente.

Entre las funciones de esta Junta de Gobierno están la de designar al director general del organismo, “aprobar los planes y programas de trabajo”, “aprobar la propuesta del Estatuto Orgánico” y “considerar las recomendaciones que formule el Consejo Asesor en materia de contenidos”.

Este “Consejo Asesor” es un convidado de piedra. Según el artículo duodécimo, la Junta de Gobierno “se podrá auxiliar de un Consejo Asesor, cuya integración y funcionamiento se establecen en el estatuto del mismo organismo”.

El 20 de abril pasado se formalizó la designación de Alejandro Ordoño Pérez como nuevo director del organismo. La única experiencia en materia de medios y de contenidos que ha tenido Ordoño fue bajo las órdenes de Héctor Villarreal, ex director de Radio, Televisión y Cinematografía en el sexenio anterior. Villarreal sugirió el nombramiento de Ordoño, ahora que él fue designado como subsecretario de Normatividad de Medios, en sustitución de Irma Pía González Luna Corvera, quien dejó la dependencia el 26 de enero de 2010.

La salida de Luna Corvera de la subsecretaría estuvo relacionada con sus diferencias con el manejo en la política de medios del gobierno calderonista. “Necesitamos a alguien que sepa apretar a los medios de comunicación”, le habría dicho Max Cortazar, vocero de Los Pinos a la militante panista, de acuerdo con testimonios internos de la Secretaría de Gobernación recabados por Proceso.

El transitorio sexto del decreto prácticamente le arrebata a la Secretaría de Educación Pública los recursos y la sectorización de los principales medios oficiales: Canal Once, sectorizado en el Instituto Politécnico Nacional, y Canal 22, asignado a CONACULTA, ambas dependientes presupuestalmente de la SEP:

“La Secretaría de Educación Pública entregará al organismo que se crea los recursos que sean de utilidad para el cumplimiento del objeto, fines y funciones del citado organismo, en términos de las disposiciones aplicables.

“Para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Oficialía Mayor de la SEP y el director general del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, en un plazo no mayor a diez días hábiles…celebrarán un convenio en el que establecen los términos generales de la entrega de recursos”.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, respondió que el costo del organismo, por ahora, es de 30 millones de pesos por año y que la transferencia se hizo a través de la SEP.

Proyecto de Tiempo Atrás.

La idea de crear una tercera cadena dependiente del gobierno federal se fue gestando desde hace año y medio, a propuesta de Carlos Sariñana, director de Canal Once, y amigo personal de Felipe Calderón. A la par de un mayor control gubernamental en los noticieros y en las mesas de análisis de Canal Once, se fue gestando esta idea.

Durante el aniversario 50 del Canal Once, el 27 de marzo de 2009, Calderón destapó esta idea. En la ceremonia realizada en el Museo Nacional de Antropología, Calderón le ordenó a los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, que la señal del Canal Once se ampliara al 25 por ciento del territorio nacional.

“Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis colaboradores, el secretario de Gobernación, que es el dueño de las señales, ah! no! El de Comunicaciones y Transportes; ¡ya no sé cual! Pero alguno de los dos, o el Secretario de Educación Pública…les voy a pedir que se pongan de acuerdo, y a ver a qué piedra se suben, pero que Canal Once pueda verse en todo el territorio nacional con señal abierta”, afirmó Calderón durante su discurso.

La ambigüedad o aparente confusión no era casual. Al interior del gabinete estaba la disputa por quitarle a la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), de la SEP, la coordinación del organismo o de una posible tercera cadena. En el camino se encontraron que el Canal Once es el resultado de la emisión de un decreto presidencial, de 1960, en donde no se aclara su estatuto jurídico como permisionada. La diferencia es que Canal 22, es una concesión otorgada a CONACULTA, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Desde el año pasado, confirmaron las fuentes consultadas, Los Pinos le encargó a la subsecretaría de Comunicaciones un estudio sobre la disponibilidad de frecuencias para hacer una tercera cadena o convertir al Canal Once en una red con suficiente número de repetidoras a nivel nacional.

El proyecto se aceleró en enero de 2010, con la llegada de Héctor Villarreal a la subsecretaría de Normatividad en Gobernación. La redacción del decreto se comenzó a preparar. Y el 31 de marzo, fin de las vacaciones de Semana Santa, se eligió para darlo a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

Visos de Anticonstitucionalidad

Las críticas al organismo no se han hecho esperar. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Gómez Mont enfrentó las duras críticas del PRI y del PRD que acusaron al organismo de tener un objetivo “electoral”, pero también de tener visos de ilegalidad.

Según el diputado federal priista Canek Vázquez, el decreto viola el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que le da facultades exclusivas a la SEP para producir y distribuir contenidos audiovisuales en materia educativa. También violaría el artículo 134 constitucional que establece el principio de eficiencia en la administración pública.

“¿El Ejecutivo estaría dispuesto a permitir que el Congreso y la sociedad civil tengan representación en dicho organismo?”, le cuestionó Vázquez. Gómez Mont evadió la respuesta. El legislador reviró acusando al organismo de ser “oficialista, autoritario, inmoral y costoso”.

Carlos Flores Rico, del PRI, calificó el nuevo organismo de “excesivo y abusivo de toda pieza”. Le recordó a Gómez Mont que el Estado dispone de 17 mil 242 horas en radio, 3 mil 373 en televisión que se difunden en las 700 estaciones de radio y 1,500 de televisión a través de los tiempos oficiales y los fiscales.

Flores Rico le reprochó también que el presupuesto del gobierno federal para comunicación social es de más de 11 mil millones de pesos. “¿Señor secretario, cuánto más necesita? ¿Cuántos medios más quieren? ¿Cuántas horas más quieren?”, la preguntó el diputado priista.

El diputado del PT, Jaime Cárdenas, advirtió que se trata de “un decretazo”. “Con los decretos intenta gobernar. Por qué no quisieron que participara la sociedad civil, por qué lo hicieron en plena Semana Santa”, insistió.

En su defensa, Gómez Mont presumió que él no milita en el PAN y, por tanto, el organismo no tendrá tinte partidista. Justificó que estuviera asignado a su secretaría y no a la SEP porque Gobernación es la dependencia “encargada de promover la democracia y pluralidad del país”.

El titular de la Cofetel, Héctor Osuna, informó que hasta el momento no han recibido en su dependencia ninguna solicitud de permiso o concesión para nuevos canales a cargo del gobierno federal.
Sin embargo, Calderón volvió a criticar el 28 de abril la cobertura de los medios a la guerra contra el narcotráfico. En Monterrey afirmó que “algún día sueño poder ver, leer o escuchar en un medio que hay dos partes de la página. En una que estén los hechos o las noticias malas, y en el otro lado, las noticias buenas”.

El nuevo organismo es parte de ese sueño presidencial.