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La Comisión Federal de Competencia acordó multar por mayoría de 4 votos contra 1 a Telmex por 91.5 millones de pesos (7.85 millones de dólares) por negarle el servicio de interconexión a su principal adversario, la empresa española Telefónica, que opera en México a través de su filial Grupo de Telecomunicaciones Mexicana (GTM), por un periodo de siete meses entre 2007 y 2008.

De acuerdo al organismo antimonopolio esta denegación del servicio resultaría violatoria de la fracción V del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica “dado que Telmex tiene poder sustancial en el mercado y la conducta tuvo el objeto o efecto de impedir sustancialmente el acceso a otro agente económico”.

La decisión del pleno se tomó con los votos a favor de los comisionados Eduardo Pérez Motta, presidente, Rodrigo Morales Elcoro, Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra, y el voto en contra del comisionado José Agustín Navarro Gergely.

La empresa Telmex tiene 30 días para apelar la decisión. Desde 2007 y 2008, el corporativo telefónico argumentó que GTM estaba violando las normas establecidas sobre el tope de propiedad de una empresa internacional en servicio de telefonía.

El amparo de Telcel

Esta multa se suma a la impuesta por casi 1 mil millones de dólares contra Telcel, la empresa de telefonía móvil de Grupo Carso, que tiene también dominancia en el mercado.

Telcel promovió un amparo en contra de la sanción de la CFC, argumentando que este organismo decidió la multa el pasado 7 de abril sin resolver la solicitud que la empresa presentó el 25 de marzo para recusar a Pérez Motta, debido a que el funcionario hizo declaraciones públicas sobre el tema “que ponían en duda su imparcialidad”.

En su demanda de amparo, Radiomóvil Dipsa, (razón social de Telcel) destaca que el 5 de abril pasado, dos días antes de que la CFC emitiera su resolución sobre el expediente DE-37-2006, le recordó por escrito al organismo regulador en materia de competencia que no había resuelto la solicitud de recusación que le envió.

El 7 de abril, la CFC subió a su página web dos acuerdos fechados el 4 y 6 de abril, en los que declaró notoriamente improcedente la solicitud de la empresa, pero esa resolución no fue “debidamente notificada”, argumentan los abogados de Telcel.